Cada verano más de 5.400 embarcaciones de recreo, entre yates, veleros y lanchas, se hacen a la mar en las islas Baleares para ofrecer sus servicios a los miles de turistas que llegan deseosos de pasar unos días de vacaciones en el Mediterráneo. Sin embargo, la mitad de la oferta, unos 2.700 barcos, opera de forma irregular según datos del Gobierno balear y de la Asociación de Empresarios de Actividades Marítimas de Baleares. El sector del chárter náutico lleva años denunciando la proliferación de empresas pirata que ofrecen sus servicios sin contar con los permisos pertinentes o que operan dentro del marco legal, pero tributan todas sus ganancias en el extranjero.
Para revertir la situación, la dirección general de Puertos y Aeropuertos del Gobierno balear ha planteado un endurecimiento de las sanciones para estas empresas y la inclusión como infracción de los anuncios de chárter ilegal en páginas web, una práctica que actualmente no está penalizada. El Ejecutivo regional pretende impulsar antes del verano que viene una normativa que se mire en el espejo de la aprobada para acabar con los pisos turísticos y que obligue a los anunciantes a incluir el número de licencia de la embarcación para poder arrendarla.
“Reclamamos que la legislación vele por un sector con una actividad ordenada, proporcionada y legal” señala Santiago Mayol, portavoz de la sección de excursiones de la patronal APEAM, que afirma que cada año se incrementa a un ritmo del 10% el número de embarcaciones que operan ilegalmente en las islas. Los responsables son en muchas ocasiones particulares que se lanzan a arrendar su barco a través de páginas web sin tener las autorizaciones pertinentes, embarcaciones que vienen de la península o del extranjero sin los permisos necesarios o empresas con sede fiscal en el extranjero que no expiden facturas o lo hacen directamente en paraísos fiscales.
El chárter ilegal practica, según la patronal, actividades fraudulentas como el ‘barqueo’, que es el transporte de los clientes de las embarcaciones de alquiler mediante una zódiac al puerto y viceversa. Esto permite al propietario eludir el pago de los permisos de embarque y desembarque o ahorrarse los miles de euros que puede costar un amarre en los puertos del archipiélago. “Nosotros tenemos al personal asegurado, el chárter ilegal en ocasiones tiene patrones que no cuentan con la titulación. No tienen puerto base y abren las aguas fecales en medio del mar, mientras nosotros tenemos unas máquinas en los puertos que valen muchísimo dinero para poder dar ese servicio”, lamenta José María Jiménez, presidente de la comisión de chárter de APEAM.
Además, la Guardia Civil suele tener problemas para detectar estos barcos irregulares ya que muchos recurren a la picaresca para evitar las multas. “Está el caso de barcos que tiene el mismo patrón pero que cada semana cambian la tripulación. Cuando llega la patrullera dicen que son todos amigos y que el barco no es alquilado sino que un amigo les lleva a dar una vuelta”, explica Jiménez.
El Enemigo a combatir: AirBnB
La patronal se muestra especialmente dura con los nuevos portales que dan visibilidad al chárter ilegal, a los que acusan de buscar el beneficio a corto plazo y no reparar en si las embarcaciones son de empresas o particulares. Jiménez denuncia que este tipo de plataformas han irrumpido en el mercado con la imagen de una agencia de chárter, pero con una oferta de embarcaciones pirata y sin estructura alguna ni apoyo en caso de averías. El Gobierno balear se ha comprometido a incluir la publicidad de estos alquileres ilegales como una infracción a penalizar económicamente.
“A todo esto se suman las compañías que operan en Baleares pero que evitan facturar en España, ofreciendo un número de cuenta bancaria para pagar del extranjero”, lamenta Jiménez, que también pone el foco sobre los agravios comparativos en materia de seguridad que afectan a las embarcaciones de bandera española y a servicios que los yates nacionales tienen vetados, pero están permitidos en los de bandera extranjera, como el alquiler de cada camarote individualmente.
El director general de Puertos y Aeropuertos del Ejecutivo balear, Xavier Ramis, afirma que endurecerán las sanciones por el alquiler ilegal de embarcaciones antes del verano que viene. Actualmente en el rango de mayor gravedad las multas oscilan entre los 500 y los 10.000 euros y la intención es tomar como punto de partida las impulsadas para el arrendamiento de pisos turísticos, que se mueve en una horquilla de entre los 5.000 y los 40.000 euros para los particulares. En los últimos tres años la administración autonómica ha abierto 60 expedientes por esta actividad irregular y ha incrementado un 86% el número de embarcaciones legalizadas.
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